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SAN FRANCISCO - Un juez federal emiti贸 una ordenpreliminar el d铆a de hoy, la cual le prohibe al gobierno hacer cumplir unanueva regla que utilizar铆a los archivos del seguro social para hacer cumplirlas leyes de inmigraci贸n, evitando as铆 que los ciudadanos y residentes legalesde EE.UU. pierdan sus trabajos a causa de errores en la base de datos de laAdministraci贸n del Seguro Social (Social Security Administration, o SSA, porsus siglas en ingl茅s). La orden impide que entre en vigor una nueva regla delDepartamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security, oDHS, por sus siglas en ingl茅s), hasta que el juez emita su dictamen final al cabode un juicio. La regla castigar铆a a los empleadores si no toman medidas despu茅sde recibir cartas de la Administraci贸n del Seguro Social, indicando que noconcuerda el n煤mero de seguro social.

El juez de Distrito Federal, Charles R. Breyer,concluy贸 que "la propuesta del gobierno de distribuir cartas que indiquen queno concuerda determinado n煤mero de seguro social, de hecho afectar铆a a m谩s deocho millones de trabajadores y, en el plazo obligatorio, resultar铆a en eldespido ilegal de trabajadores con empleo legal." El juez tambi茅n dedujo que"si se permitiera el env铆o de las cartas, junto con la carta con directivas delDHS, causar铆a da帽os irreversibles a trabajadores y empleadores inocentes."

"Esto representa un paso importante hacia la reversi贸n de esta regla ilegal, la cual le otorgar铆a a los empleadores unamanera aun m谩s severa de impedir que los trabajadores se sindicalicenlibremente," afirm贸 John Sweeney, Presidente de la AFL-CIO. "M谩s del 70% de lasdiscrepancias de la SSA afectan a ciudadanos de EE.UU."

La audiencia preliminar del d铆a de hoy resulta deuna demanda entablada en agosto por la Federaci贸n Laboral de EE.UU. y Congresode Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en ingl茅s), as铆 como laUni贸n Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingl茅s), elCentro Nacional de Leyes de Inmigraci贸n (National Immigration Law Center, oNILC, por sus siglas en ingl茅s) y el Consejo Laboral Central del Condado deAlameda (Central Labor Council of Alameda), adem谩s de otros movimientoslaborales locales. En la demanda, las organizaciones alegan que esta reglamalconcebida infringe la ley y los derechos de los trabajadores, adem谩s deimponer obligaciones agobiantes a los empleadores, y provocar la discriminaci贸ncontra los trabajadores a quienes se les perciba como inmigrantes. Variosgrupos labores y empresariales se unieron a la demanda para impugnar la regla.El dictamen del d铆a de hoy extiende la prohibici贸n indefinidamente hasta que eljuez emita su fallo final en el caso al cabo del juicio.

El Tribunal de Distrito suspendi贸 la regla delDHS de forma temporal poco despu茅s de entablarse la demanda y prohibi贸 algobierno que enviara notificaciones referentes a la nueva regla aaproximadamente 140,000 empleadores a lo largo y ancho del pa铆s.

Desde hace a帽os, la SSA ha enviado cartasnotificando a los empleadores que no concordaba la informaci贸n de seguro socialque proporcionaba un trabajador en un formulario W-2 con la informaci贸ncontenida en las bases de datos de la SSA. Las cartas de "no concuerda" nuncase hab铆an considerado como motivo para pensar que el empleado no tuvierapermiso para trabajar en EE.UU. En la actualidad, los empleadores que recibendichas cartas de "no concuerda" no tienen la obligaci贸n de tomar medida alguna.De hecho, hay muchas razones inocentes que explican dichas discrepancias, talescomo los errores secretariales, los cambios de nombre a causa del matrimonio odivorcio, y el uso de nombres de pila m煤ltiples, algo com煤n en muchas regionesdel mundo.

"El juez vio la necesidad de sopesar aconsciencia si era sensato poner en peligro los empleos de los trabajadores porculpa del desorden imperante en la base de datos del seguro social, la cualest谩 repleta de errores," asever贸 Scott Kronland, de Altshuler Berzon LLP,quien present贸 alegatos en el caso.

Bajo la nueva regla del DHS, los empleadores quereciban cartas de "no concuerda" podr铆an verse obligados a despedir a losempleados si las discrepancias con la SSA no se resuelven en un plazo de 93d铆as a partir de que reciban la carta de "no concuerda." Si el empleador noresponde a la carta de "no concuerda", el DHS podr铆a concluir que el empleadorten铆a "conocimiento constructivo" de que un empleado no ten铆a autorizaci贸n paratrabajar en EE.UU. y por consiguiente podr铆a enjuiciar al empleador.

"El gobierno de Bush ha demostrado su desd茅nhacia los trabajadores legales y los ciudadanos al adoptar una regla quecastiga a los trabajadores y empleadores inocentes so pretexto de hacer cumplirlas leyes de inmigraci贸n. El juez dej贸 al descubierto la falla fatal de lanueva regla al reconocer que las cartas de "no concuerda" se basan en archivosde la SSA que est谩n repletos de errores y que el cambio de postura del gobiernorespecto al uso de estos archivos fue incorrecto. En lugar de castigar a losciudadanos y a los trabajadores legales, el gobierno deber铆a dedicarse a hacercumplir los derechos de todos los trabajadores a un buen salario y a un lugarde trabajo seguro," se帽al贸 Lucas Guttentag, Director del Proyecto de losDerechos de los Inmigrantes de la ACLU, y uno de los abogados del caso.

"Nos complace que el juez haya visto la necesidadde suspender esta regla, la cual conllevar铆a a un aumento en la explotaci贸n yla discriminaci贸n de los trabajadores," a帽adi贸 Marielena Hincapi茅, Abogada yDirectora de Programas de la NILC. "Aunque el DHS quiere hacer uso de lascartas de "no concuerda" para hacer cumplir las leyes de inmigraci贸n, la regladel DHS har铆a muy poco para conseguir disminuir la inmigraci贸n deindocumentados. Por lo contrario, alentar铆a un aumento a la contrataci贸nclandestina por parte de empleadores que preferir铆an evitar los formularios W-2y m谩s bien pagar a sus empleados en efectivo. En consecuencia, se evadir铆an lasprotecciones b谩sicas a los trabajadores. Las cartas de "no concuerda"simplemente servir铆an para sabotear los derechos laborales de lostrabajadores."

La orden del d铆a de hoy se emiti贸 en el TribunalFederal del Distrito Norte de California.

Adem谩s de la AFL-CIO, la cual fue representadapor el despacho jur铆dico Altshuler Berzon LLP, otras partes que participaron enla demanda incluyen el Consejo Laboral Central del Condado de Alameda (CentralLabor Council of Alameda County), representado por la ACLU, la ACLU del Norte deCalifornia, y la NILC, as铆 como el Consejo Laboral de San Francisco (SanFrancisco Labor Council) y el Consejo de los Oficios de Construcci贸n (SanFrancisco Building and Construction Trades Council), el cual fue representadopor Weinberg, Roger and Rosenfeld.

Adem谩s de Guttentag, Kronland e Hincapi茅, losabogados del caso incluyen a Stephen Berzon, Jonathan Weissglass, Linda Lye yDanielle Leonard de Altshuler Berzon LLP; Jonathan Hiatt, James Coppess y AnaAvenda帽o de la AFL-CIO; Jennifer Chang, M贸nica M. Ram铆rez, y Omar Jadwat delProyecto de los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU; Alan Schlosser y JuliaMass de la ACLU del Norte de California; Linton Joaquin y Monica Guizar delNILC; y David Rosenfeld y Manjari Chawla de Weinberg, Roger y Rosenfeld.

La demanda y otros datos acerca de la demanda sepueden localizar en: www.aclu.org/nomatch