La ACLU Y La NILC Entablan Demanda Impugnando La Ley “Muéstreme Sus Papeles” De Utah

May 3, 2011 2:57 pm

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La Ley Convertiría A Utah En Un Estado Policiaco Y Fomentaría La Discriminación Racial, Afirman Organizaciones

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SALT LAKE CITY – El día de hoy, la Unión Americana de Libertades Civiles, o ACLU (por sus siglas en inglés) de Utah, el Centro Nacional de Derecho Migratorio (National Immigration Law Center, o NILC, por sus siglas en inglés) y el despacho jurídico de Munger, Tolles y Olsen entablaron una demanda mediante la cual denuncian que la recién promulgada ley de Utah HB 497, al igual que la notoria ley SB 1070 de Arizona, autoriza a la policía exigir “papeles” que comprueben la ciudadanía o condición migratoria de los conductores a quienes obliguen a detenerse en la vía pública, lo cual fomenta discriminación a través de la utilización de perfiles racialesde los latinos y de otras personas que, a juicio del oficial, tengan aspecto de “extranjeros”, y además contraviene las leyes federales.

“Los Estados Unidos no es un ‘muéstrame tus papeles país.’ Nadie debe ser sujeto a que lo investiguen, detengan ni arresten si no existe la sospecha de alguna conducta delictiva”, afirma Cecillia Wang, abogada supervisora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “La ley de Utah viola la Constitución y estamos seguros que vamos a impedir que entre en vigor”.

La demanda acusa que la ley de Utah es anticonstitucional debido a que interfiere ilegalmente con los poderes y autoridades federales respecto a los asuntos de inmigración, quebrantando la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos; autoriza y exige que se efectúen detenciones y arrestos no razonables que infringen la Cuarta Enmienda; restringe el derecho constitucional a transitar libremente por todos los Estados Unidos; quebranta la Cláusula de Protección Equitativa de la Constitución de los Estados Unidos al discriminar ilegalmente contra ciertos inmigrantes legales, así como contra los habitantes de Utah que no tengan documentos de identificación autorizados; y viola la garantía de la aplicación uniforme de las leyes de la constitución del estado de Utah.

“Al convertir a los oficiales de la ley en agentes de inmigración y exigirles que interroguen a las personas a quienes obliguen a detenerse en la vía pública acerca de su condición migratoria, la Ley HB 497 fomenta el uso de perfiles raciales, garantiza que las comunidades de inmigrantes ya no se sientan suficientemente seguros como para acudir a las autoridades sin son víctimas o testigos de un delito”, explica Linton Joaquin, abogado general del Centro Nacional de Derecho Migratorio. “Esto socava la confianza de todos en la seguridad pública”.

“Esta ley ha sido falsamente promovida como una versión más amable y gentil de la ley discriminatoria de Arizona”, dice Karen McCreary, Directora Ejecutiva de la ACLU de Utah. “Pero la verdad es que esta ley mal concebida es cruel y convierte a Utah en un estado policiaco en el que todos tendrán que portar sus ‘papeles’ para comprobar que su presencia es legal”.

Varios distinguidos funcionarios de las fuerzas del orden, incluyendo el Jefe de la Policía de la ciudad de Salt Lake City, Chris Burbank, se oponen a la ley debido a que debilita la confianza y la cooperación entre la policía local y las comunidades de inmigrantes. Burbank y otros oficiales han expresado sus inquietudes en cuanto a que la ley desvía los recursos limitados destinados a la responsabilidad principal de las fuerzas del orden de proporcionar protección y fomentar la seguridad pública dentro de la comunidad.

La demanda se entabló el día de hoy ante el tribunal federal de distrito de los Estados Unidos para el distrito de Utah, a nombre de organizaciones de derechos civiles, laborales, de justicia social y empresariales, incluyendo la Coalición de La Raza de Utah, el sindicato Service Employees International Union, la Cámara de Comercio Latinoamericana, la Worker’s United Rocky Mountain Joint Board, el Centro Cívico Mexicano, la Coalición de Progresistas de Utah y personas nombrados como demandantes individuales que serían sujetos del acoso o arresto bajo la ley y una clase de personas en condiciones similares.

Los abogados que llevan el caso son:

National Immigration Law Center: Joaquin, Karen C. Tumlin, Shiu-Ming Cheer y Melissa S. Keaney

ACLU Immigrants’ Rights Project: Wang, Omar C. Jadwat, Andre Segura, Katherine Desormeau

ACLU Racial Justice Program: Elora Mukherjee

ACLU of Utah: Darcy Goddard, Esperanza Granados

Munger, Tollles & Olson LLP: Bradley S. Phillips

La demanda se puede consultar en:

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