Defensores de derechos electorales y de inmigrantes demandan a Florida por nueva ley que ataca el registro de votantes, el compromiso cívico y el discurso político
TALLAHASSEE, Fla. — Defensores de derechos electorales y de los inmigrantes presentaron hoy una demanda federal que impugna una nueva ley de Florida, SB 7050 que limita a organizaciones comunitarias enfocadas en registrar a votantes.
El caso se enfoca en la provisión “no ciudadano” de la ley. La ley impondría una multa de $50,000 a cada organización comunitaria con individuos no ciudadanos que “reúnan” o “manejen” formularios de registro de votantes en nombre de la organización. Esta multa llevaría a la quiebra a muchos grupos comunitarios que dependen de ciudadanos y no ciudadanos como personal para sus programas de registro de votantes.
Las restricciones de la ley también se dirigen a los residentes permanentes legales, muchos de los cuales mantienen vínculos con las comunidades en las que residen.
La demanda, enfocada en el impacto negativo de la SB 7050 sobre el discurso político, el compromiso cívico y la exclusión inconstitucional de los no ciudadanos, fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU de Florida, LatinoJustice PRLDEF, Dēmos y Arnold & Porter en nombre de la Federación Hispana, Poder Latinx y clientes individuales. La demanda cita violaciones de las Primera y Catorce Enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.
Los siguientes comentarios son de:
Adriel I. Cepeda Derieux, subdirector del Proyecto de Derecho al Voto de la ACLU: “Esta ley es un ataque a la participación cívica en nuestro proceso democrático. También es discriminatoria e inconstitucional. La ley excluirá arbitrariamente a todos los no ciudadanos, incluidos los residentes permanentes legales, de registrar a votantes elegibles para participar en nuestra democracia. Su efecto sobre nuestros clientes y las comunidades en las que viven seria devastador. No se puede permitir que la ley permanezca.”
Estee M. Konor, directora asociada de litigio en Dēmos: “Todos los floridenses, incluidos los no ciudadanos, tienen derecho a ayudar a construir una mejor democracia a través del compromiso cívico. Nuestros clientes han empoderado a sus comunidades a través del compromiso cívico durante años. Esta ley intenta limitar ese progreso al prohibir que los no ciudadanos participen en el registro de votantes en sus comunidades. Los no ciudadanos son parte de nuestras comunidades, parte del cuerpo político y tienen un interés en las decisiones políticas”.
Lourdes Rosado, presidenta y consejera general de LatinoJustice PRLDEF: “Los floridenses, que intentan ayudar a otros a participar en su deber cívico, están siendo penalizados a base de su lugar de nacimiento ya que se les impide registrar votantes. Está claro que SB7050 fue diseñada para discriminar en contra de los no ciudadanos y socavar las organizaciones cívicas latinas. Con esta demanda, nuestro objetivo es poner fin a la discriminación y proteger los derechos de nuestras comunidades a la libre asociación.
Daniel Tilley, director legal de la ACLU de Florida: “Esta ley obstruye la promesa de la Cuarta Enmienda. La ley afectaría desproporcionalmente a votantes negros e hispanos que se registrarían a votar con grupos comunitarios en lugar de registrarse con votantes blancos. Esta ley es dañina para la democracia.”
John A. Freedman, abogado sénior pro bono de Arnold & Porter: “Las fuerzas armadas de nuestra nación han confiado en los Dreamers y los residentes permanentes legales para defender este país de los enemigos de la democracia. Pero el estado de Florida es el único que prohíbe que los inmigrantes registren a nuestros ciudadanos a votar. Estamos orgullosos de apoyar a nuestros clientes y abogados para reivindicar los derechos de los inmigrantes y fortalecer nuestra democracia”.
La demanda, Hispanic Federation v. Byrd , fue presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Florida en Tallahassee.
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