吃瓜大本营

SAN JUAN 鈥� La Uni贸n Americana de Libertades Civiles (鈥淎CLU鈥� por sus siglas en ingl茅s) y ACLU Puerto Rico radicaron una demanda sobre violaci贸n a la Primera Enmienda por las dos leyes recientes contra 鈥�fake news鈥� en Puerto Rico. Las leyes, una de las cuales fue aprobada durante la cobertura medi谩tica sobre el manejo de la pandemia de COVID-19 por parte de Puerto Rico, criminaliza el compartir informaci贸n que el gobierno considere falsa sobre las emergencias en Puerto Rico, incluyendo la actual pandemia global de COVID-19. Los violadores podr铆an enfrentarse a hasta tres a帽os de c谩rcel y a una multa de hasta $5,000.

La demanda fue radicada a nombre de dos periodistas, Sandra Rodr铆guez Cotto y Rafelli Gonz谩lez Cotto, quienes temen que las leyes se usar谩n para castigarlos por sus reportajes sobre la crisis de COVID-19, sobre todo por reportajes que reflejan al gobierno pobremente. Argumentan que las leyes violan sus derechos constitucionales a la libertad de expresi贸n, la libertad de prensa y el debido proceso de ley, y procuran una orden judicial que impida la aplicaci贸n de las leyes.

鈥淒urante tiempos de crisis, como la pandemia a la que ahora nos enfrentamos, la gente necesita recibir m谩s informaci贸n sobre c贸mo su gobierno est谩 operando鈥�, dijo la demandante Sandra Rodr铆guez Cotto. 鈥淟a prensa tiene que ser libre para ejercer su trabajo, sin miedo a represalias del gobierno. Estas leyes le colocan una barrera importante a la informaci贸n de inter茅s p煤blico y al debate que debe poder llevarse a cabo鈥�.

ACLU argumenta que las leyes de Puerto Rico contra 鈥�fake news鈥�, las cuales no le requieren al gobierno que demuestre que el hablante sab铆a que su expresi贸n era falsa, viola la Primera Enmienda y la Cuarta Enmienda por su terminolog铆a imprecisa y alcance tan amplio. Las leyes les proveen a las personas muy pocas gu铆as sobre qu茅 puede constituir un crimen y le dan demasiada discreci贸n al gobierno en cuanto a decidir a qui茅n enjuiciar. Como consecuencia, las leyes enfr铆an una porci贸n importante de los reportajes sobre la crisis de COVID-19 y otras emergencias, concretamente porque los periodistas corren el riesgo de ser enjuiciados si el gobierno reclama la precisi贸n de sus reportajes.

鈥淯na sociedad libre y democr谩tica depende de una prensa libre, especialmente durante tiempos de emergencia鈥� dijo Brian Hauss, abogado del proyecto de expresi贸n, privacidad y tecnolog铆a de ACLU. 鈥淓stas leyes contra 鈥榝ake news鈥� violan el principio cardenal de la Primera Enmienda, el cual establece que no puede confi谩rsele al gobierno la regulaci贸n del di谩logo sobre asuntos de inter茅s p煤blico鈥�.

Aunque las leyes aparentemente solo aplican a 鈥渋nformaci贸n falsa鈥�, ACLU advierte que inevitablemente suprimir谩n una porci贸n importante de informaci贸n verdadera sobre asuntos de inmenso inter茅s p煤blico. ACLU a帽ade que la transparencia de gobierno, no la censura, ser铆a una manera m谩s efectiva de combatir la desinformaci贸n, si efectivamente ese fuera el fin del gobierno. El gobierno podr铆a comenzar por celebrar ruedas de prensa frecuentes sobre la crisis de COVID-19 en Puerto Rico, publicando r茅cords pertinentes y explic谩ndole al p煤blico su plan de acci贸n.

鈥淧or demasiado tiempo la gente de Puerto Rico ha tenido que tolerar administraciones que legislan en la oscuridad de la noche, sin rendir cuentas al pueblo por sus acciones, ni responder a cualquier forma de supervisi贸n鈥�, dijo William Ram铆rez, director ejecutivo de ACLU Puerto Rico. 鈥淓stas leyes solo sirven para alentar el temor en aquellos que exigen respuestas y un gobierno limpio. Deben ser tildadas como ofensivas a la primera enmienda y al gobierno democr谩tico鈥�.

Sandra Rodr铆guez Cotto es la anfitriona el programa de radio unionado 鈥淓n blanco y negro con Sandra鈥� y public贸 las primeras 11 p谩ginas de la conversaci贸n de Telegram entre el entonces-gobernador Ricardo Rossell贸 y sus asesores, revelando el uso de lenguaje mis贸gino y descripciones de violencia en contra de mujeres. La cobertura medi谩tica de las conversaciones del entonces-gobernador desembocaron en protestas en toda la isla en contra del gobierno, las cuales eventualmente terminaron en la renuncia del gobernador. Sus reportajes tambi茅n expusieron la realidad sobre la severidad en n煤meros sub-reportados de las muertes como resultado del Hurac谩n Mar铆a y su fracaso en la distribuci贸n de ayuda para las v铆ctimas de los terremotos.

Rafelli Gonza虂lez Cotto ha publicado numerosos escritos sobre la respuesta de Puerto Rico ante el brote de COVID-19. Su reportaje revel贸, por ejemplo, que el porcentaje de muertes por casos publicado por el Departamento de Salud estaba significativamente sub-reportado con respecto al porcentaje real de muertes por casos. Pronto despu茅s de publicado el art铆culo, el Departamento de Salud quit贸 la informaci贸n de su p谩gina web. Como resultado de las leyes, teme que sea enjuiciado injustamente por reportajes certeros que el gobierno reclame como falsos. Sus fuentes han parado de compartirle informaci贸n como de costumbre por miedo a que el gobierno aplique estas leyes para enjuiciarlos.

La demanda se radic贸 en el tribunal federal para el distrito de Puerto Rico.

***

Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, ACLU y sus 54 cap铆tulos estatales han entablado m谩s de 110 acciones legales en toda la naci贸n para salvar vidas, asegurar el derecho al voto, proteger el derecho al aborto y vigilar extralimitaciones gubernamentales injustificadas. M谩s informaci贸n sobre esas acciones est谩 disponible aqu铆: /news/civil-liberties/how-the-aclu-is-responding-to-the-pandemic-visualized/.

An English version of this release is here: /press-releases/aclu-challenges-puerto-rico-covid-19-fake-news-laws.